Qué es la ‘tasa Google’ de España y por qué Trump quiere que se elimine

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha introducido al mundo entero en una nueva era de incertidumbre donde las reglas internacionales del juego ya no valen. Entre las múltiples víctimas de sus políticas erráticas están varios tratados bilaterales y normas internacionales, como la reforma de la fiscalidad global diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2021, el organismo llegó a un consenso global para imponer un impuesto mínimo a las grandes multinacionales y se comprometió a seguir trabajando para gravar más a las mayores tecnológicas. Las negociaciones sobre este último punto, sin embargo, se han quedado estancadas. La Administración de Biden ya había puesto trabas a su avance y la llegada de Trump a la Casa Blanca no solo aleja cada vez más el pacto, sino que se temen represalias contra los países que han introducido unilateralmente la popularmente conocida como tasa Google, entre ellos España.

El impuesto español sobre servicios digitales o tasa Google empezó a rodar en 2021. Se aplica a las grandes empresas digitales —buscadores, plataformas, redes sociales—, con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y con una facturación superior a los tres millones de euros. Su origen radica en los trabajos que la OCDE lidera desde hace años para reducir la elusión impositiva de las grandes multinacionales y reformar las reglas de fiscalidad internacional, que se basan en la presencia física y que se han quedado obsoletas ante la eclosión de la globalización y la digitalización.

Tras varios avances en materia de intercambio de información y cooperación, el organismo con sede en París, en colaboración con el G-20 y otros países emergentes, logró en 2021 un consenso entre unos 140 países para crear un impuesto mínimo del 15% a las mayores multinacionales, un acuerdo del que ahora EE UU se ha descolgado, aunque entonces fue fundamental el impulso de la Administración de Biden. El otro pilar de la negociación, la tasa Google, no tuvo el mismo éxito. Desde el principio encontró la reticencia de Washington, que lo considera discriminatorio, puesto que las mayores multinacionales del sector tienen bandera estadounidense.

Frente al estancamiento de las negociaciones a escala global, varios países —como España, Francia, Austria o el Reino Unido— diseñaron sus tasas digitales nacionales y la UE empezó a trabajar en una figura a nivel comunitario. Por aquel entonces, la pandemia todavía no había estallado, Trump cumplía con su primer mandato y Washington activó aranceles en represalia contra los Estados que estaban aprobando impuestos digitales, retrasando su puesta en marcha.

Finalmente, se llegó a una tregua. En octubre de 2021, tras la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, EE UU aceptó retirar temporalmente los aranceles; a cambio, los países europeos mantendrían sus tasas Google y no se aprobarían nuevos tributos unilateralmente hasta la entrada en vigor de una solución multilateral, que se esperaba para el año pasado. El acuerdo no ha llegado y ahora, con Trump en su segundo mandato, parece cada vez más una quimera. Y no solo por las amenazas comerciales del magnate. Un acuerdo sin EE UU tendría un alcance muy limitado, al ser el país donde tienen sede los mayores grupos tecnológicos del mundo.